Alcance del Principio de Reposo Procesal en el 

Derecho Penal.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá anuló 

una decisión que adoptó una juez de dar inicio a la 

fase de juicio tan pronto finalizó la audiencia 

preparatoria por el delito de actos sexuales con 

menor de 14 años.

En este sentido, le ordenó fijar fecha para iniciar 

audiencia de juicio oral en la que el procesado debe 

ser interrogado conforme al artículo 367 del Código 

de Procedimiento Penal.

En este contexto, señaló que el reposo procesal es 

uno de los principios innominados del Derecho Penal 

necesario para el cumplimiento del debido proceso.

Al respecto, aclaró que, conforme a este principio, la 

ley adjetiva dispone de lapsos durante los cuales, 

culminado un hito procesal, las partes tienen un 

tiempo prudencial para preparar la etapa siguiente en 

el respectivo trámite. Este espacio también le 

permite al juez programar la fecha de la diligencia 

que continúe, con la finalidad de que las distintas 

tareas a su cargo tengan una distribución adecuada 

en la agenda del despacho.

No obstante, el tribunal advirtió que este principio 

no cobija todos los estadios del proceso penal, sino 

exclusivamente los que resultan de la esencia del 

“juego limpio”, para que las partes gocen de un 

tiempo razonable de preparación y, eventualmente, 

de reflexión.

En su opinión, “la celeridad en la administración de 

justicia no puede conducir al afán mediático de las 

sociedades del espectáculo que propician juicios 

sumarios, al estilo del que inauguró nuestra era 

cuando el prefecto Pilatos, como juez, iniciaba el 

proceso, practicaba pruebas, fallaba y ejecutaba la 

sentencia en un mismo día”.

Al hablar de reposo procesal, no se quiere entronizar 

a una especie de pereza procesal, agregó, ya que el 

juez no solo debe cumplir con el curso expedito de 

los procedimientos, sino el trámite ordenado y 

razonable de las diligencias a su cargo.

En el caso concreto, la juez anunció que el juicio 

iniciaría inmediatamente después de concluida la 

audiencia preparatoria, con el fin de evitar libertad 

por vencimiento de términos (artículo 317 de la Ley 

906 del 2004). Para el tribunal, esta interpretación 

judicial desconoce el principio pro hómine, porque no 

toma en cuenta el interés del ser humano 

procesado, quien tiene derecho a unos días de 

reflexión, en vista de lo aprobado en la audiencia 

preparatoria, para decidir, con tranquilidad, y sin ser 

apurado a dar una contestación al instante.

Finalmente, concluyó que se encontraba acreditada 

la causal de nulidad por la decisión de la juzgadora 

de instalar el juicio oral de manera inmediata y 

apresurada, una vez culminada la audiencia 

preparatoria, únicamente para proceder con el 

“protocolo” inicial establecido en la ley: la 

advertencia al incriminado sobre sus derechos, y el 

interrogatorio sobre su culpabilidad.

Esto, advirtió, se trata de una práctica singular y 

poco ortodoxa, cuya conveniencia la funcionaria bien 

podría re-evaluar, para evitar complicaciones que 

facilitan la interposición de recursos, que retrasan la 

celebración del juicio, y que a la postre pueden 

restarle manejo gerencial.

La providencia rescató que en los delitos sexuales 

contra menores, la legislación recortó beneficios por 

aceptación de cargos, y declararse responsable o no, 

no es un simple asunto de trámite.

(Tribunales, 11001600005520120011001, Oct.2/2014, M. P. Orlando Muñoz Neira)